Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, no ingresará por ahora en prisión por el caso de los 390 kilos de cocaína que llegaron ocultos en un cargamento de carbón vegetal al puerto de El Musel, en Gijón. El empresario leonés ha alcanzado un acuerdo en esta causa, que se remonta a 2014 y forma parte de la denominada operación Alibavaria.
La acusación sostenía que Mirantes había facilitado a la organización una empresa y una nave en Galicia para almacenar la mercancía. En un principio, la Fiscalía solicitaba para él nueve años de prisión y una multa de once millones de euros. El acuerdo alcanzado reduce esas penas a 20 meses de cárcel por un delito contra la salud pública, 45 días por pertenencia a grupo criminal y una multa de cuatro millones.
El tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación ha sido clave en esa reducción. Tras reconocer las dilaciones del procedimiento, la Fiscalía se ha mostrado favorable a suspender la pena de prisión durante tres años, con la condición de que el empresario no vuelva a delinquir en ese periodo. Así, la condena no supondrá su entrada inmediata en la cárcel.
El acuerdo cierra este caso, pero Mirantes todavía tiene otros procedimientos judiciales abiertos. Uno de ellos se sigue en Cuenca por presuntos daños medioambientales. También continúa la causa por un accidente ocurrido en la mina de Cerredo en agosto de 2022, en el que falleció un trabajador y otro resultó gravemente herido.
A estos procedimientos se suma la investigación por el accidente del 31 de marzo de 2025 en la misma mina, donde murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos. Mirantes figura entre las personas investigadas en esta causa, que sigue abierta y en la que todavía no se han determinado responsabilidades definitivas.
Por tanto, aunque el acuerdo por el alijo de cocaína le permite evitar la prisión de momento, la situación judicial del empresario leonés continúa pendiente de lo que ocurra en los demás procedimientos.
