El empresario leonés acepta 20 meses de cárcel por un delito contra la salud pública, otros 45 días por pertenencia a grupo criminal y una multa de cuatro millones de euros. La pena de prisión quedará suspendida durante tres años.
La instalación se ha renovado aprovechando la estructura del edificio existente y permitirá tratar el agua antes de incorporarla a la red de abastecimiento.