La paralización cautelar de la mina de Vega de Rengos, ubicada en el concejo de Cangas del Narcea y gestionada por la empresa TYC Narcea, ha desencadenado una fuerte movilización sindical y política. La suspensión temporal, impuesta por el Principado de Asturias tras el trágico accidente en la mina de Cerredo en Degaña, donde murieron cinco trabajadores el pasado abril, ha dejado en el aire el futuro laboral de más de 70 empleados.
La empresa, que ha invertido ya cuatro millones de euros en la explotación, asegura que ha superado una decena de inspecciones en los últimos seis meses sin que se haya detectado ninguna incidencia de seguridad. Ante la orden de paralización, TYC Narcea ha activado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 40 trabajadores, mientras que el resto continúa en labores de vigilancia, mantenimiento y labores auxiliares mínimas.
El conflicto ha llegado a las calles. Este jueves, la plantilla de la mina se concentró a las puertas del edificio de servicios múltiples del Principado en Cangas del Narcea. Allí, los trabajadores denunciaron lo que consideran una decisión injustificada y exigieron que el Gobierno asturiano levante la suspensión de forma inmediata. La protesta fue respaldada por representantes de UGT, CCOO y SOMA-FITAG-UGT, quienes consideran que la explotación cuenta con todas las garantías legales y de seguridad para seguir operando.
José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FITAG-UGT, subrayó que “la dirección facultativa de la mina ha demostrado rigor y profesionalidad, y no existe razón técnica ni legal para que el Principado mantenga bloqueada su actividad”. En la misma línea se expresó Luis Javier Vázquez, responsable de Salud Laboral de CCOO de Asturias, quien afirmó que “la mina cumple toda la normativa vigente y debería tener ya permiso de explotación”.
El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, también se ha sumado a las críticas. El regidor popular acusa al Gobierno regional de “poner en riesgo el futuro económico de decenas de familias y del municipio” por decisiones que, a su juicio, carecen de fundamento técnico. “Exigimos que el Principado actúe con responsabilidad y reactive cuanto antes la actividad minera, que cuenta con todas las garantías”, manifestó.
Los sindicatos y la plantilla temen que una prolongación de la suspensión derive en el cierre definitivo de la mina y piden al Ejecutivo de Adrián Barbón un posicionamiento claro en defensa del empleo en las cuencas mineras del suroccidente asturiano. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo en un concejo que ve peligrar uno de sus pocos motores económicos activos.
