El PP plantea reducir la acción de las diputaciones bajando el límite a municipios de menos de 10.000 habitantes

Un guiño a Ciudadanos. Sólo así se entiende que el partido político que tradicionalmente ha defendido contra viento y marea el papel de las diputaciones provinciales en el contexto de la Administración Pública del Estado se plantee ahora reducir su poder, o al menos su papel de representación competencial. El pasado sábado en Barcelona, en un acto del PP, Soraya Sáez de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, explicó las líneas básicas de la ponencia sobre Economía y Territorio que prepara con otros destacados miembros de ese partido y que defenderá en el Congreso Nacional del Partido Popular de febrero.

Uno de los puntos claves, tal y como ha explicado la vicepresidenta a la prensa allí destacada, radica en la actuación de las diputaciones provinciales en municipios de 10.000 habitantes o menos. Actualmente, la cifra se sitúa en 20.000 habitantes o menos. Con ello, se intenta adoptar una postura intermedia entre la desaparición de las diputaciones provinciales que ha pedido Ciudadanos al Gobierno, y que forma parte del programa de  la coalición naranja, y la vigencia de estos organismos que siempre han sido santo y seña en el PP, en especial en las autonomías con muchas provincias como Castilla y León.

En la provincia de León, cabezas comarcales como La Bañeza, Bembibre, Astorga y otras dejarían de contar con servicios y competencias de la Diputación tan directamente como hasta ahora, quedando la Junta de Castilla y León como su administración más directa para innumerables asuntos.