Facebook
Instagram
YouTube
“Rabia y desconcierto”. Esa ha sido la reacción de la Plataforma Contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana tras conocer que Castilla y León es la única comunidad autónoma que no se ha adherido al protocolo de atención a las víctimas de violencia de género impulsado por el Ministerio de Justicia, una decisión que consideran “inaceptable” y que rechazan frontalmente.
A través de un comunicado, la plataforma asegura que “no sólo no hay ni una sola razón que justifique la no adhesión a un instrumento claramente dirigido a favorecer una mayor y más eficaz coordinación entre servicios de atención y asistencia a las víctimas de las violencias machistas, sino que no hacerlo es renunciar institucionalmente a mejorar su protección, su seguridad y sus oportunidades de vida”.
Además, afirman que “noticias como ésta eran previsibles” tras el pacto de gobierno en la Junta: “Sabíamos que la coalición del Partido Popular con Vox dirigiendo y determinando con sus políticas negacionistas y antifeministas el rumbo y la vida de las ciudadanas y ciudadanos de de Castilla y León iba a provocar retrocesos importantes en materia de igualdad de género y en la lucha contra la violencia machista, y por eso nos manifestamos el pasado 2 de abril en Valladolid”.
56 víctimas de violencia machista en Castilla y León
La Plataforma Contra las Violencias Machistas recordó que “Desde el año 2003, según estadísticas oficiales, 1.145 mujeres han sido asesinadas como consecuencia de la violencia machista, 56 de ellas en Castilla y León. Nuestra comunidad es la séptima de todo el territorio nacional con mayor número de asesinatos por esta causa. En numerosas ocasiones, las organizaciones feministas hemos denunciado la falta de coordinación entre los diferentes agentes y servicios que intervienen en la atención y asistencia a las víctimas de la violencia machista como una de las razones fundamentales de la falta de eficacia a la hora de garantizar su protección y seguridad, incluso para favorecer la denuncia”, una coordinación que el nuevo protocolo de Justicia facilitará en el futuro.
