EBD / ICAL Incertidumbre. Es la palabra que define el año económico en Castilla y León. El enfriamiento tras años de recuperación es más que evidente en la productividad y el empleo, que crece a los ritmos más bajos desde que se salió de la crisis. Los mercados internacionales tienen mucho que ver con el menor dinamismo, por el ‘brexit’ y la guerra arancelaria, lo que se une a la situación política en España y a las nuevas estrategias frente al cambio climático con impactos directos sobre sectores con una importancia estratégica para Castilla y León. La minería se entierra en 2018 y arrastra consigo a las centrales térmicas, con la exigencia de una transición justa con fondos que sigue en las mesas mientras se desangra el oeste de Castilla y León.
Una de las grandes preocupaciones autonómicas está en las cuencas mineras, defenestradas por el fin del carbón y el cierre de las térmicas. La Junta y los sindicatos UGT y CCOO en la Comunidad remiten finales de noviembre sendas cartas a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que le exigen la constitución de la comisión mixta para abordar medidas para las zonas afectadas por el cierre de la minería y las térmicas. El objetivo es lograr una transición energética “justa” en Castilla y León.
Exigen pasos concretos para Castilla y León tras meses de negociaciones sin nada en la mano de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027, que arranca el 12 de febrero. El día 20 de ese mes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta la Estrategia de Transición Justa y al día siguiente se precisa que el Gobierno tiene previsto destinar un total de 422 millones de euros al conjunto de medidas que formarán parte del plan de acción urgente de apoyo a los territorios afectados por el cierre de las minas de carbón, de las centrales térmicas y de las nucleares de Santa María de Garoña y Zorita. A día de hoy, Castilla y León sigue esperando y lo seguirá haciendo al menos hasta que no haya un nuevo gobierno nacional.
Medidas, inversiones y conflictos
Por otra parte, el contexto de desaceleración obliga a mover ficha a las autoridades. La Junta trata de poner remedio al nuevo contexto con medidas económicas que animen proyectos de inversión, como la rebaja de 3,2 millones de metros cuadrados de suelo industria a finales de noviembre, un 25 por ciento, para convertir a Castilla y León en la autonomía con una oferta más barata para la instalación de empresas.
Lo hace a finales de año, porque a comienzos del ejercicio todavía hay movimientos inversores, como los ocho millones de euros de Latem Aluminio para poner en marcha una planta de producción en el polígono industrial de Villadangos del Páramo a finales de marzo, cuando Industria también confirma una solución definitiva para Made en Media del Campo, a través del grupo Imedexa – Industria Mecánicas de Extremadura, que contempla la contratación de 120 trabajadores en la primera fase y 200, a medio plazo.
El año también registra conflictos laborales sonados, como el de Servicarne, la falsa cooperativa que proveía de personal a Embutidos Rodríguez, que genera múltiples movilizaciones. El 9 de mayo, Embutidos Rodríguez alcanza un acuerdo con CCOO y UGT que supone la incorporación de los 400 trabajadores, antes socios cooperativistas, al Régimen General de la Seguridad Social”.
Diálogo social
Castilla y León sigue haciendo gala en 2019 de su apuesta por el Diálogo Social. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se despide el 30 de enero, de 18 años del proceso de concertación con la firma de otros “cuatro acuerdos más uno” que movilizarán más de 300 millones de euros entre 2019 y 2020 para impulsar el empleo, favorecer la permanencia de los jóvenes en la Comunidad, mejorar la transición energética, impulsar la industria y extender el Serla.
Las elecciones autonómicas de mayo sitúan al frente de las instituciones nuevas caras aunque con compromisos inequívocos con las mesas. Así, el 29 de julio, se produce la primera reunión del Consejo del Diálogo Social con Alfonso Fernández Mañueco como presidente. El nuevo Ejecutivo de coalición entre PP y Ciudadanos deja clara su apuesta por impulsar y reforzar el Diálogo Social como “seña de identidad de la Comunidad, como valor innovador de Castilla y León y como herramienta útil”.
El año que termina no sólo cierra una etapa política también se producen renovaciones en otros ámbitos. El presidente de la Cámara de Comercio de Burgos, Antonio Miguel Méndez Pozo, es elegido el 8 de octubre, por aclamación, presidente del nuevo Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad durante los próximos cuatro años. Méndez Pozo afrontará este nuevo mandato, acompañado por un Comité Ejecutivo integrado por una candidatura única.
