La investigación sobre el trágico suceso ocurrido el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña), en el que perdieron la vida cinco trabajadores, sigue aportando datos que apuntan a una posible explotación irregular y a graves carencias en las medidas de seguridad. Según ha adelantado el diario La Nueva España, los primeros resultados de la inspección realizada por la Guardia Civil muestran un escenario que refuerza esta línea de investigación.
Uno de los detalles más preocupantes hallados en el lugar de la deflagración fue que solo se encontró un detector de grisú, el gas inflamable más común en minas subterráneas, y que este se encontraba apagado. Este tipo de oxímetro emite señales acústicas intensas cuando detecta niveles peligrosos de gases, por lo que se baraja la posibilidad de que fuese silenciado para evitar molestias, algo que deberá aclarar la investigación.
Los agentes localizaron además cuatro vagonetas a medio llenar de carbón, lo que confirma que en el momento del accidente se estaban realizando labores extractivas. A esto se suma la presencia de dos huecos posteados, de 18,2 y 24,6 metros de longitud, con apenas 80 centímetros de ancho, lo que obligaba a los trabajadores a operar en condiciones extremadamente estrechas. La exconsejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, calificó estas condiciones como equiparables al “peor de los chamizos”.
Uno de los elementos clave para esclarecer lo ocurrido serán los testimonios de los supervivientes, quienes, según las mismas fuentes, han admitido que llevaban meses extrayendo carbón sin autorización, sin que se hubiesen realizado inspecciones por parte de la administración autonómica en al menos seis meses.
El Juzgado de Cangas del Narcea mantiene el secreto de sumario sobre el caso, a la espera de que la Guardia Civil entregue su informe preliminar con los resultados de la inspección técnica y el análisis del lugar del accidente.
