Asociaciones de ganaderos, Ayuntamientos, entre los que se encuentra el de Villablino y Murias de Paredes, Juntas Vecinales así como la Plataforma Contra la Modificación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos CAP, ahora denominado Coeficiente de Subvencionalidad CSP, muestran su total disconformidad con la “reducción drástica” sufrida en las zonas de montaña de la superficie de pastos con derecho a cobrar ayudas de la PAC 2023 propuesta por la Junta de Castilla y León.
En defensa de las zonas rurales exigen que las administraciones correspondientes “actúen con celeridad, mantengan las superficies de pastos disponibles con posibilidad de cobro de ayudas establecidas en 2022 y propongan mejoras para los ejercicios futuros” dejando claro que esto “no puede ser un parche puntual ya que dejaría en la mas absoluta ruina a todos los jóvenes, mujeres y hombres, incorporados en los últimos tiempos, así como los que han resistido, en la más absoluta ruina”.
Advierten también que “no puede jugar a hablar de desarrollo rural para a continuación dar estos varapalos y crear estas incertidumbres a las personas que hemos estado animando para que expongan su trabajo y recursos en esto que nos gusta llamar “fijar población en el medio rural””.
De no ser así, defienden, la situación económica de estas zonas “será duramente castigada y serán muchos los jóvenes ganaderos que se verán obligados a abandonar su actividad, con todo lo que eso conlleva para las familias afectadas y, de forma indirecta, para los negocios de la zona”.
Las zonas rurales, aseguran, cuentan “con suficientes trabas para el asentamiento de población como para que sea la propia administración la que imponga unas tasas de admisibilidad en las superficies de pastos imposibles de asumir para los ganaderos en activo”.
Son, sostienen, “decisiones unilaterales tomadas sin tener en cuenta a los Ayuntamientos y Juntas Vecinales afectadas” a la vez que aclaran que “en estas zonas de montaña el ganado no tiene ningún problema para pastar. Se requiere de un trabajo serio y riguroso por parte de la Junta en coordinación con el FEGA para que se cumpla la normativa europea y evitar las sanciones a las que reiteradamente tiene que hacer frente”.
