El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de suspensión acordado el pasado mes de diciembre por los trabajadores de la compañía Unión Minera del Norte SA (Uminsa) y la propia empresa minera entró hoy en vigor, según confirmó a Ical el presidente del comité intercentros, Jorge Díez. La medida afecta a la totalidad de la plantilla, formada por 160 trabajadores, así como a las subcontratas que operan para la empresa minera.
Paralelamente, el comité de empresa solicitó a la compañía que ponga en marcha un ERE de extinción, de manera que los empleados puedan acogerse al plan de bajas incentivadas y prejubilaciones. “Se trata de dar una salida a todo el mundo, por lo que pueda pasar”, avanzó Díez, que subrayó que el expediente de extinción se encuentra actualmente en periodo de consultas.
Al respecto, la compañía y el comité de empresa mantendrán la próxima semana un encuentro en el que analizarán la actual situación que atraviesa Uminsa. Los representantes de los trabajadores esperan que los responsables de la compañía les expliquen “qué posibles soluciones existen”.
Causas de la situación
La entrada en vigor del ERE tiene que ver con la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo (Asturias) que en enero desestimó el recurso planteado por Uminsa contra el pago de 28 millones de euros a la empresa pública Hulleras del Norte (Hunosa), por el caso abierto por la denuncia de desaparición de 578.000 toneladas del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC), entre agosto de 2009 y marzo de 2010.
La sentencia obliga a Uminsa a ejecutar de manera provisional el pago de las cantidades adeudadas, a la espera de que se resuelva el recurso de apelación contra el auto presentado por la empresa minera ante la Audiencia Provincial de Oviedo. En ese sentido, Díez adelantó que los responsables de Uminsa están analizando jurídicamente la sentencia para encontrar “por todos los medios” una manera de “no tener que liquidar la empresa”.
Según habrían transmitido los representantes de la compañía a los trabajadores, la actual situación depende de las administraciones públicas. “Esperamos que las administraciones nos echen una mano, en este caso en positivo, para reanudar la actividad y que se pueda volver a facturar”, explicó Díez, que lamentó que los trabajadores se enfrenten a un “futuro muy negro”.
Fuentes de la compañía señalaron esta misma semana que no se plantean constituir ninguna empresa para evitar el embargo, así como que no tienen “la más mínima intención de desaparecer ni de poner punto final” a su actividad extractiva. En todo caso, matizaron, eso sería la consecuencia de las circunstancias por las que atraviesa la minería del carbón en general y ella en particular desde hace unos meses, sin contratos de venta y con simples cartas de compra mes a mes.
De ERE en ERE
En el momento de la firma del actual ERE, la previsión de la compañía pasaba por hacerlo efectivo sólo en caso de que se produjeran nuevas crisis de venta o acumulaciones de stock que aconsejasen reducir la actividad. En 2015, Uminsa ya acordó con sus empleados un ERE de similares características que no fue necesario aplicar, mientras que el año pasado, el expediente de regulación se hizo efectivo durante un mes -entre septiembre y octubre-, a pesar de que la duración prevista inicialmente era de ocho meses.