Rivas: «Solo una empresa de Castilla y León podrá optar a las ayudas al cierre de minas, el grupo Viloria»

El presidente de ACOM, Mario Rivas, ha querido puntualizar para qué y para quién va destinada la convocatoria de ayudas de 6 millones de euros que publicaba el pasado jueves en el BOE el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) destinada a dar apoyo financiero para cubrir los costes excepcionales derivados de la clausura de las instalaciones mineras de carbón y para la restauración del espacio natural.

Y son tres empresas las que podrán optar a ellas. Solo una es de Castilla y León, el grupo Viloria que operaba en la mina ‘La Escondida’ de Caboalles de Arriba. Las otras dos son el grupo SAMCA en Aragón y Carbonar en Asturias. «Se trata de ayudas solo para empresas que han podido certificar el cierre y que no podían estar inmersas en un proceso concursal».

En este sentido, el presidente de ACOM ha sido aún más explícito refiriéndose a las restauraciones de cielos abiertos que se han tenido que acometer exclusivamente con cargo a los fondos públicos. «La diferencia es que estas ayudas van dirigidas a aquellas empresas que por corresponsabilidad van a hacer una parte del cierre de la explotación minera y van a recibir una ayuda por hacer la otra parte», es decir, «no se financia el cien por cien sino en torno al setenta por ciento aproximadamente».

A partir de este momento, el presidente ha matizado que las compañías deberán presentar el proyecto de restauración y recuperación del cierre de su explotación «y se financiará con el dinero que corresponda según el plan que la empresa presente».

Ayudas que Rivas considera muy necesarias. Primeramente para aquellas compañías «que se han comprometido a hacer ellas mismas el plan de cierre, para que puedan recibir una ayuda económica» y también necesarias «porque tiene que haber una contratación directa, en esas empresas, de todos aquellos trabajadores que están en la bolsa de trabajo». Indispensables para, por una parte, «poder hacer el cierre de las explotaciones garantizando la seguridad de las mismas» y por otra, «desde el punto de vista de seguridad medioambiental».