La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera, explicó hoy, durante la sesión de control en el Senado, que la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) supone la implicación de la Administración General del Estado en «garantizar las indemnizaciones por daños» a la ganadería extensiva «en todos los territorios» en los que esta especie habita, con el fin de «evitar que sean los ganaderos quienes carguen únicamente con los costes de posibles daños» por el lobo.
“Tanto para la prevención como para la compensación, debemos plantearnos un modo más eficaz y solidario, de forma que el coste que supone la convivencia del ganado con los grandes carnívoros sea asumido solidariamente por la sociedad y no tan solo por los ganaderos”, manifestó durante su intervención la vicepresidenta del Gobierno.
En este sentido, Ribera se refirió al efecto que la inclusión de las poblaciones de lobo en el listado tendrá para mejorar la cohabitación de la especie con la ganadería. Así, al estar protegido por normativa, se establecerá el derecho de todos los ganaderos a percibir indemnizaciones por pérdidas de ganado depredado en todos los territorios ya que, actualmente, eso no sucede en la mayoría de las regiones con lobo al norte del Duero, salvo en Asturias.
“Esta es la primera dificultad, cuando no existe un marco general estatal. Es paradójico que al norte del Duero no exista regulación específica para asumir pagos indemnizatorios por responsabilidad patrimonial directa de las administraciones públicas, al no estar protegida la especie”, recordó la vicepresidenta durante su intervención en el Senado.
Además, la ministra incidió en que los diferentes regímenes de protección que presentan las distintas Comunidades Autónomas «dificultan enormemente» la gestión de la especie, además de «generar desigualdades y agravios comparativos». Por eso, ha dicho, “la homogeneización del régimen legal del lobo en España constituye un avance que permitirá impulsar la gestión de esta especie”.
En este sentido, Ribera recordó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja junto con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y todos los sectores implicados en una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo, que luego deberá ser desarrollada por unos nuevos planes de gestión autonómicos, adaptados a la realidad de cada territorio.
“Este nuevo enfoque nos sitúa en una posición alineada con los países de nuestro entorno, ajustada a los informes científicos y en consonancia con los objetivos para combatir la pérdida de biodiversidad, que es, sin duda, uno de los mayores retos que afronta nuestra sociedad”, señaló Ribera.
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