Num: 1873 | Sábado 22 de enero de 2022
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Opinión


 

Los problemas cotidianos de los ciudadanos los deben resolver los políticos, que para eso están, y no tanto los jueces. La Justicia no puede ni debe convertirse en la tercera cámara legislativa de España. Los políticos españoles, sobre todo los que gobiernan, están tan acongojados que abusan del recurso a los tribunales. Ahí está, por ejemplo, el manido caso de los independentistas catalanes. Rajoy dejó pasar sus cuatro años de mayoría absoluta sin ofrecer una solución política. Sólo utilizó el recurso al Tribunal Constitucional, cuyas sentencias han sigo generalmente a favor del Gobierno y en contra de las tesis de la Generalitat. Así y todo, de poco han servido las sentencias condenatorias. El sentimiento independentista ha crecido más en los últimos cinco años que en todos los años de la democracia.

Ahora sucede algo parecido, salvando las distancias, con la subida escandalosa del precio de la energía y, por consiguiente, del recibo de la luz doméstica. La Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de anunciar la apertura de una investigación para ver si hay algún tipo de delito o actuación irregular o especulativa en esta subida. En el caso de que la Fiscalía encuentre algún indicio de delito, su resolución tardará años, tal y como  demuestra todos los días la velocidad con la que actúa la Justicia. No, la subida del precio de luz es un problema político; un problema de legislación y de regulación del sistema eléctrico. Y son los políticos, los gobernantes, los legisladores, quienes deben dar una solución.

Claro, que los políticos encantados de que la Justicia se entrometa en su función y les permita lavarse las manos. No en vano, hay más de veinte ex altos cargos públicos en los consejos de administración de las grandes compañías eléctricas, que actúan como un auténtico oligopolio. Por otro lado, está el hecho cierto de que sólo el 35% del recibo de la luz se ve afectado por problemas coyunturales como el frío, la falta de lluvias o de viento, la escasez de energía en Francia y cosas así. El peso importante del recibo de la luz depende de decisiones políticas en forma de impuestos, peajes, tasas solidarias, compensaciones y otros muchos términos legales parecidos. Se han dado casos de que con un consumo de energía eléctrica inferior a cinco euros, el recibo de la luz definitivo asciende a unos cuarenta euros. Está bien que se hagan campañas para mejorar el buen uso de la electricidad en los hogares; pero el problema está en los costes fijos de la energía. Y esos costes dependen de decisiones políticas. ¿Va a ir la Fiscalía del Supremo en contra del Gobierno? Ojalá, pero flaco favor hace en este caso el Supremo a los ciudadanos al actuar como cortina de humo para desviar la atención sobre las auténticas causas de esta crisis, que son exclusivamente políticas.

Otro caso. Las reclamaciones de los hipotecados por la devolución del dinero cobrado indebidamente por los bancos a sus clientes por cláusulas suelo. Ya ha habido dos sentencias firmes: una del Supremo y otra de Europa. Ahora sólo queda que se ejecuten esas sentencias; pero el Gobierno le echa una mano a los bancos, que ahora actúan como un oligopolio tras la desaparición de las cajas de ahorro, y se saca de la manga un confuso decreto que dilata el cumplimiento de las sentencias y complica y distorsiona administrativamente la burocracia para hacer realidad le devolución de esas cantidades.

Mala clase política es la que olvida su misión de proteger a los ciudadanos y, sobre todo, a los más desfavorecidos, y, en cambio, se somete a la presión de los grandes oligopolios. Claro que, una vez más, ¿cuántos ex políticos se sientan en los consejos de administración de bancos, fundaciones bancarias, sociedades mixtas, empresas diversas con mayoría de bancos, compañías opacas, etcétera?

Malos tiempos no sólo para la lírica sino para el ciudadano de a pie.

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