Lamentan que el “irresponsable tacticismo político” en el que se encuentran instaladas, al menos una parte de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, tenga hoy como primera consecuencia el empeoramiento de la protección social de los pensionistas más pobres, mayoritariamente mujeres, que “ahora verán de nuevo recortados los derechos que habían comenzado a disfrutar desde el 1 de enero”.
El Real Decreto-Ley 9/2024 no convalidado incluía además medidas relacionadas con las ayudas públicas por la DANA y a los afectados por el volcán de la Palma, la prórroga del bono social, las subvenciones al transporte público, la suspensión de los desahucios a las familias vulnerables y otras ayudas como las de la industria electro intensiva que ahora se verán suprimidas. Sin olvidar tampoco la prórroga de la cuantía del salario mínimo interprofesional de 2024.
La no convalidación del RDL 9/2011 implica que desde este momento dejan de tener efecto medidas tan importantes como las relacionadas con la revalorización de las pensiones, el incremento de las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, así como también la incorporación para 2025 de las medidas de mejora de ingresos acordadas entre 2021 y 2023, ya aprobadas en las Cortes pero que ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2025 precisan aprobación específica.
Destacan entre los contenidos que ahora han decaído la revalorización de todas las pensiones del sistema público en el 2,8%, lo que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de la totalidad de los 10 millones de pensiones en vigor.
De la misma forma, la norma incluía la mejora de las pensiones más bajas en aplicación de la garantía de suficiencia acordada con CCOO y UGT en la reforma de 2023 con el objetivo de que todas las pensiones mínimas y no contributivas se sitúen por encima del umbral de riesgo de pobreza. Así, para el año 2025 se había previsto un incremento del 6% en las pensiones mínimas contributivas, que ahora también decaen. Los complementos a mínimos protegen actualmente a 2,1 millones de pensionistas, de las que el 67% son mujeres. Por su parte, las pensiones no contributivas (PNC) se habían incremento en un 9% y este incremento también ha dejado de tener efecto. Se beneficiaban de esta mejora algo más de 460.000 personas, de las que el 67% son mujeres.
La revalorización de las PNC también mejoraba la protección social que precisan los algo más de 2 millones de personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya cuantía está vinculada a dichas pensiones. En este caso, las mujeres representan el 53% del total de personas beneficiarias y son el 67% de los titulares, como consecuencia en gran medida del fenómeno de unidades monoparentales con hijos a cargo encabezadas por una mujer. También se veían mejoradas por esta medida las prestaciones que reciben los casi 867.000 niños beneficiarios del complemento de ayuda a la infancia vinculado al IMV.
Cabe también destacar el incremento del complemento de brecha de género en el 7,8%, como consecuencia de la mejora pactada en la reforma de pensiones de 2023 y que ahora ha visto impedida su aplicación en el año 2025.
El Real Decreto-Ley 9/2024 incluía además el desarrollo del paquete de medidas de mejora de ingresos contributivos acordado en las sucesivas reformas de pensiones llevadas a cabo desde 2021 y que tienen como objetivo ayudar a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
Destaca en este punto el incremento de la base máxima de cotización para garantizar que todas las personas trabajadoras y sus empresas cotizan en base a sus salarios reales, la cuota de solidaridad para los salarios superiores a la base máxima, así como la cotización vinculada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) destinado íntegramente a financiar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. También debemos lamentar, que a partir de la no convalidación del Real Decreto los colectivos más vulnerables dejan de tener garantizados los suministros básicos de agua y luz, o la imposibilidad de ser desahuciados sin alternativa habitacional, o la continuidad del Bono Social Eléctrico que represento un alivio para 1.641.084 beneficiarios en 2024, de ellos 867.286 vulnerables severos.
Convocatoria en Villablino
La movilización está dirigida a sectores especialmente afectados por la crisis económica, como los usuarios del transporte público, los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), los pensionistas y aquellas personas en riesgo de desahucio o que necesitan ayuda para pagar suministros básicos.
Bajo el lema “A la calle”, los organizadores denuncian la creciente dificultad de la población para afrontar gastos esenciales en un contexto de encarecimiento de la vida. La protesta busca exigir medidas urgentes a las administraciones para aliviar la presión económica sobre los colectivos más vulnerables.
La convocatoria en Villablino se suma a las numerosas movilizaciones que se llevarán a cabo en diferentes ciudades del país, impulsadas por los sindicatos para visibilizar el descontento social y reclamar soluciones inmediatas.
