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Opinión


13 de diciembre de 2020

La libertad de expresión debilitada


El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha la creación de un organismo para vigilar las «noticias falsas» difundidas por internet. El nombre de este nuevo órgano es Comisión Permanente Contra la Desinformación, aunque mediáticamente ha sido bautizado como «Ministerio de la Verdad». Al frente se encuentran dos altos cargos de La Moncloa: el jefe de gabinete del presidente y el secretario de Estado de Comunicación. La orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 5 de noviembre reserva al Ejecutivo la potestad de determinar qué informaciones son erróneas y cuáles no, sin precisar los criterios en los que se ha de basar tal decisión. Resulta incuestionable la necesidad de poner un filtro que termine con los bulos que, bajo el disfraz de supuestas noticias, inundan las redes sociales y provocan la desinformación. Pero paralelamente se deja abierta la posibilidad de cercenar, en parte, todo aquello que no guste al Gobierno.

La Orden dictada por el Ejecutivo, dicta que el fin de este organismo es «atajar la desinformación». Todo ello a través del European Democracy Action Plan, mediante el que se actuará para «incrementar» la integridad electoral y «garantizar» unos sistemas electorales «libres y justos». Además, del fin primero de «examinar» los medios que se emplean para «interferir en sistemas democráticos», luchando contra la desinformación sobre la Covid-19 y en procesos electorales.

El BOE recoge quiénes serán los encargados de «velar» por la seguridad de los ciudadanos en relación con la desinformación. Principalmente, el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente Contra la Desinformación, las autoridades públicas competentes y el sector privado y la sociedad. Entre sus funciones, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno podrá poner en marcha campañas de comunicación para combatir las «fake news». Además, el Ejecutivo podrá contar con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es decir el cada vez más poderoso el vicepresidente Pablo Iglesias, y alguien del Ministerio de Interior.

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