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La Audiencia Provincial de León desestima la petición planteada por el empresario minero Victorino Alonso, quien solicitó la suspensión de la pena de cuatro años impuesta por este juzgado por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Ratifica así la condena, que fue también confirmada por el Tribunal Supremo de Castilla y León recientemente.
Entre los motivos alegados por el empresario se encuentran los motivos de salud. La Audiencia considera que su situación “no puede encuadrarse en el concepto de enfermedad muy grave con padecimientos incurables”, como exige la ley para eximirle de la entrada en prisión.
El Tribunal también rechaza el resto de razones esgrimidas por la defensa de Alonso, como su edad, 70 años, o la grave situación familiar, con una esposa con graves secuelas después del accidente que sufrió en el año 2000, donde falleció uno de sus hijos y resultó herida su hija. Esta situación “no justifica de por sí la concesión del beneficio pedido, pues en esa misma situación familiar se encuentran otras muchas personas que están cumpliendo con la sociedad”, explican los magistrados.
El Tribunal señala también que “acceder a las pretensiones del empresario supondría, a nuestro parecer, un claro supuesto de arbitrariedad que está expresamente prohibido por el artículo 9 de nuestra Constitución”.
Los magistrados tienen también en cuenta la gravedad de la pena, los antecedentes con los que cuenta el empresario, condenado en varias ocasiones, y cree que su pronóstico de reinserción no es favorable. También valoran que no se haya satisfecho la cantidad económica impuesta en concepto de responsabilidad civil, y que asciende a 24 millones de euros.
La Sala descarta así la posibilidad de suspender su ingreso en prisión, en tanto se resuelve el recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que considera que debe ser ese órgano el que tome esa decisión.
