Num: 1460 | Sábado 5 de diciembre de 2020
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Junta, Gobierno y entidades locales impulsan la selección de proyectos para los convenios de Transición Justa en Laciana

Servirán para dinamizar la actividad económica de la zona que garantice la recuperación y la reactivación económica, generando nuevas oportunidades inclusivas en los territorios

César Sánchez

La Junta, el Gobierno y las entidades locales dieron hoy un paso más para garantizar la consecución de los convenios de Transición Justa que impulsarán los proyectos para dinamizar las zonas afectadas por el cierre de la minería del carbón, con la rúbrica del compromiso de trabajo conjunto plasmado en los protocolos de actuación. Esta firma facilita, además, que la Junta, el Instituto para la Transición Justa, y el resto de administraciones, puedan iniciar el proceso de selección de iniciativas.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aegesen, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) suscribieron hoy, de forma telemática, los protocolos de actuación que desembocarán en la firma de los convenios de Transición Justa para Velilla-Guardo, la Montaña Central Leonesa-La Robla y Bierzo-Laciana.

Los proyectos que se desarrollen en el marco de los convenios de Transición Justa servirán para dinamizar la actividad económica de la zona que garantice la recuperación y la reactivación económica, generando nuevas oportunidades inclusivas en los territorios.

Los protocolos de actuación son documentos suscritos entre la Junta de Castilla y León, la Administración General del Estado y los entes locales para reflejar el compromiso adquirido por las diferentes administraciones para trabajar conjuntamente en la elaboración los convenios. Así, actúan como garantía para los diferentes actores y para los ciudadanos de las zonas afectadas por la transición energética.

Procesos de participación pública

Con el fin de elaborar herramientas adecuadas a las necesidades del territorio, el MITECO abrió el 16 de junio los procesos de participación pública para la elaboración de los distintos convenios de transición en las áreas afectadas por los cierre de las explotaciones y centrales de generación térmica con carbón de la Comunidad. El objetivo de estos mecanismos ha consistido en que los agentes económicos y sociales de la zona afectada formen parte del proceso de transformación económica en su territorio, aportando iniciativas que servirán de base para la elaboración del Convenio de Transición Justa para la zona.

Como resultado de esos procesos, se han recogido 839 ideas y propuestas remitidas por más de 200 agentes del territorio: representantes de las administraciones central y autonómica, comarcas, ayuntamientos, empresas, sindicatos, asociaciones ecologistas, grupos de acción local y desarrollo rural, varias ONG y centros educativos y de investigación, entre otros.

Proyectos

De las ideas y propuestas de proyectos recibidos, destacan las vinculadas con el turismo, las energías renovables, la agricultura y la ganadería. También se han recibido ideas para contribuir a la diversificación económica del territorio con iniciativas sobre alimentación, almacenamiento de energía, industria agroalimentaria y manufacturera, servicios a las empresas e ingeniería civil.

Todas las propuestas serán evaluadas como parte del proceso de elaboración de los Convenios de Transición Justa para las zonas de Velilla-Guardo, la Montaña Central Leonesa-La Robla y Bierzo-Laciana. Tras su selección, la ejecución de los proyectos se acompañará mediante diferentes líneas de ayuda y otros instrumentos de apoyo.

La firma de los convenios, que incluirán las mejores propuestas para el desarrollo de empleo sostenible en las zonas, se producirá tras el fin de su proceso de elaboración.

Los convenios de Transición Justa, que buscan unir la participación social con la profesionalización de los procesos, proponen trabajar en proyectos bien diseñados, con amplia participación de actores, transparentes e inclusivos, que identifiquen planes integrados de desarrollo territorial y garanticen la generación y fijación de empleo sostenible en el medio y largo plazo en las zonas afectadas. Además, instan a que se trate de los proyectos más adecuados en términos ambientales, sociales y económicos y que dinamicen la transición ecológica.

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