El pasado 17 de julio de 2025, la Comisión Europea emitió una resolución clave sobre el peaje del Huerna, la autopista que conecta León con Asturias a través de la AP-66. Esta sentencia llega tras años de denuncias y movilizaciones impulsadas por colectivos ciudadanos, organizaciones políticas y antiguos cargos públicos, entre ellos el exdiputado de Podemos en Asturias, Daniel Ripa.
El conflicto se remonta a octubre de 2021, cuando se hizo efectiva la ampliación del peaje hasta el año 2050, una decisión que blindaba el negocio de la concesionaria Aucalsa y que contaba con el respaldo de fondos de pensiones holandeses como APG. La medida suponía cargar durante 29 años más un coste de entre 2.000 y 3.000 millones de euros sobre los usuarios, asturianos y leoneses en su mayoría, y fue interpretada por muchos como un agravio, especialmente frente a otras comunidades autónomas que sí han recuperado la gratuidad en sus autopistas.
Ripa, que durante su etapa parlamentaria fue uno de los principales impulsores de la denuncia ante la Comisión Europea, recuerda ahora el largo camino que les llevó a esta resolución. Según su relato en El Comercio, el caso se presentó con el asesoramiento del jurista Javier Álvarez Villa, quien defendió ante las instituciones europeas que la ampliación vulneraba las normas comunitarias de competencia y libre mercado. La denuncia fue respaldada por más de 5.000 firmas, recogidas en campañas como “Yo no Pago” o en actos simbólicos como las “casetas de la Magdalena”, y se sumó a una serie de iniciativas en el ámbito autonómico, estatal y europeo.
La decisión de la Comisión Europea concluye que la prórroga de la concesión fue irregular, al igual que otras como la de la AP-9 en Galicia o las vinculadas al trazado entre Zaragoza y Cascos. Bruselas sostiene que este tipo de ampliaciones unilaterales constituyen ayudas de Estado encubiertas y lesionan el interés público al limitar la competencia y favorecer la privatización de infraestructuras esenciales.
La resolución podría suponer una indemnización millonaria para los usuarios que han pagado el peaje durante años, así como una reversión anticipada de la concesión. De hecho, Ripa compara el caso con lo sucedido en Italia en 2019, donde el Tribunal Europeo de Justicia obligó al gobierno a anular una prórroga similar. La clave de toda esta cuestión reside en que la ampliación del peaje hasta 2050 fue una ayuda estatal encubierta e ilegal, al favorecer a una empresa privada (Aucalsa) sin competencia ni concurso público. Esto vulnera el derecho europeo.
La compensación afectaría tanto a usuarios particulares como a empresas de transporte, especialmente aquellos que utilicen de forma habitual la autopista AP-66 para viajar entre Asturias y León. Entre los documentos que podrían requerirse para presentar una reclamación estarían los justificantes de pago del peaje, extractos bancarios, recibos de VIA-T, facturas o cualquier registro contable que acredite el uso de la vía desde octubre de 2021, momento en el que se formalizó la ampliación de la concesión.
En caso de que prospere una vía judicial o administrativa de reclamación, se contemplaría el reembolso de los importes abonados durante ese periodo, con la posibilidad de sumar intereses por demora o, en el caso de empresas, compensaciones por lucro cesante. Aunque aún no se ha establecido un procedimiento oficial, fuentes jurídicas apuntan a que podría articularse una acción colectiva, impulsada por asociaciones de consumidores o plataformas ciudadanas, para agilizar los trámites.
Si se confirma que los usuarios han pagado de forma indebida durante años, puede considerarse que hay un daño económico a reparar, especialmente para quienes no tenían alternativa gratuita para desplazarse entre Asturias y la Meseta.
En palabras del exdiputado, “esto demuestra que cuando la ciudadanía se organiza, se moviliza y no se resigna, se pueden cambiar cosas que parecían imposibles”. También critica que desde la dirección nacional de Podemos no se apoyara inicialmente la judicialización del conflicto. En el horizonte, se abren ahora varios interrogantes: ¿Será necesaria una intervención judicial directa para garantizar el derecho de los usuarios? ¿Qué papel jugarán los tribunales españoles y europeos en la aplicación efectiva de la resolución?
Sea como sea, el caso del Huerna se ha convertido en un símbolo del debate sobre la gestión de las infraestructuras públicas, la rendición de cuentas de las concesionarias y la defensa del interés general frente a intereses privados. Y como concluye Ripa en su tribuna, “no volvamos a decir nunca más que algo no es posible”.
