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Opinión


26 de septiembre de 2020

Astorga, crisis y basuras


En la importante localidad leonesa de Astorga, donde los hados del destino quisieron que volviese el histórico, Juan José Alonso Perandones, a retomar el partido y de paso la Alcaldía, el gobierno en coalición sociocomunista está viviendo su primera e importante crisis después de un año aproximadamente de luna de miel.

El teniente de alcalde, José María Jáñez y líder de Izquierda Unida, le está costando algún que otro disgusto a Perandones, quien necesita de los dos votos de la ultraizquierda para poder gobernar la Bimilenaria. Y si al famoso alcalde le lleva más de una rabieta, a los ciudadanos casi un cuarto de millón de euros el sueldo de los cuatro años que dura la legislatura, con un salario nunca visto por estos lares de sobriedad y escasez.

Resulta que la concesión del servicio de limpieza y basuras lleva muchos años prorrogado y en el programa de IU dejaba meridianamente claro que su intención de llegar a tocar poder sería la de revertir esta competencia en pública con trabajadores municipales y todo lo que conlleva en detrimento de la propiedad y servicio privado. Se sabe que al alcalde socialista no le gustan los cambios y se da la circunstancia que ocho años después se ha topado con la empresa a la que él mismo concedió el servicio en situación, insistimos, de libre concurrencia pública. Y en este punto Perandones y Jáñez, «el camarada» como le llaman en Astorga con hilaridad, han chocado como dos trenes frente a frente. Y claro, lo que tiene la política, la tensión ha trascendido del piso noble del edificio de la Casona sin que puedan romper el pacto o coalición que pudiera dar el poder a quien realmente venció las elecciones, el Partido Popular de José Luis Nieto. «Lastima de papeleta anulada y el consiguiente concejal a mayores», se resignan los azules de la gaviota.

En todo caso, el nuevo capítulo de esta crisis que va agrietando la confianza y el trato entre el PSOE e IU resulta que viene por la negación legal desde el propio alto funcionariado a los requisitos legales que se planteaban como un paso más para la municipalización del servicio. Con los «pata negra» han topado.

Para ABC

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