El año 1999 se convirtió en un espacio temporal repleto de reivindicaciones para los habitantes de Laciana. Varias movilizaciones motivadas por las prácticas empresariales que se estaban llevando a cabo en la dirección de la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (M.S.P) encabezada por D. Vitorino Alonso Suárez -conocido para muchos como el “rey del carbón”- protagonizaron la escena política, cultural y social del valle.
Comenzaba el año con una alarma en el sector que perjudicaba de manera directa a los trabajadores de las minas privadas de León, Asturias y Palencia. Según la MSP “un ajuste encubierto en los precios del carbón”. Entendían que las eléctricas estaban “abusando con el consentimiento del Gobierno” y por tanto echando un pulso a las empresas mineras. Josep Piqué, desde el Ministerio de Industria, había empezado a firmar contratos con eléctricas provocando el enfado furibundo de la minería. “El ministro no quiere cumplir con el compromiso pactado en el Plan de Carbón de compensar la caída de precios con un incremento en las ayudas al funcionamiento”, aseguraban en algunos comunicados oficiales a La Crónica de León en marzo de 1999.
Lo cierto es que, según los datos ofrecidos por el Informe Anual de la MSP, la propia empresa facturó en 1999 la cantidad de 18.844 millones de pesetas, esto son 113,25 millones de euros. Y pese a estas cantidades llegaba a afirmar que si Industria no “remediaba” la situación “habría consecuencias” pues se verían “obligados a adoptar medidas drásticas y cerrar antes de lo previsto”. Pero ya venían advirtiendo a finales de la década de los noventa alguna sospecha en las actividades económicas de Alonso. Se le llegó a acusar en el Congreso de los Diputados de “no clarificar contablemente su grupo de empresas”, además de calificar como “incomprensible” que “el grupo de empresas compuesto por catorce sociedades presentara el pasado año unas pérdidas de 246 millones de pesetas con unas ventas globales de 49 399 millones y unos recursos propios de 10 000 millones y que se mantenga en fase expansiva el negocio”.
Esos años en los que se comenzaba a poner en duda las políticas empresariales de Vitorino Alonso, concretamente el 28 de octubre de 1998, el presidente de la Junta, Juan José Lucas, junto con los consejeros Isabel Carrasco y Tomás Villanueva, y el director general de la MSP, Juan Antonio Martín Moreno, se entusiasman con el “bucólico recorrido del tren minero, a bordo del coche utilizado por los ingenieros de la MSP en 1921”. Entre ellos también estaba Ismael Álvarez.
“Hay que recuperar este tren, aunque sólo sea para novios y recién casados” decía Lucas entre risas cómplices de sus compañeros, poco más de media hora después de partir desde Villablino en el emblemático tren minero según La Crónica el Bierzo. Ya han pasado 26 años de esta “bucólica” intención.
Paulatinamente se iba engendrando una atmósfera de hartazgo e indignación entre los vecinos y vecinas de la comarca, pero más acentuada en 1999, empezando desde los primeros meses del año.
El clima de incertidumbre que generaban las declaraciones de la empresa, la falta de acuerdos para evitar el cierre de las explotaciones del pozo María, Lumajo y Sosas, los constantes expedientes con posibles despidos a algunos trabajadores, se sumaba además la intrusión de la empresa en parajes naturales para realizar explotaciones a cielo abierto y las condiciones precarias de los obreros en el interior de la mina. Y como toda pota a presión, si no existe ninguna válvula de escape, la presión continúa aumentando, y existe el peligro de que la pota estalle. Pues bien, fue precisamente lo que pasó ese año. La MSP estalló con la presión del movimiento colectivo de la población que reflexionaba en torno a la posibilidad de nacionalizar la empresa.
En febrero de 1999 la empresa anunciaba la intención de iniciar una explotación a cielo abierto en el paraje de La Bolenga, en montes propiedad de la Junta Vecinal de Caboalles de Arriba, que ocuparía un total de 104 hectáreas. En los proyectos se reconoce que es una zona osera, y por aquel entonces el pedáneo de la localidad Antonio Carro aclaraba que “es el único paso de los osos entre los montes de Asturias y los de Laciana, y desde el punto de vista ecológico es intocable”. A pesar de tampoco obtener las licencias municipales para esa intrusión, llevaron a cabo los preparativos para comenzar la explotación. Finalmente fue paralizada. Meses más tarde tenían este mismo proceder en la braña correspondiente a la Junta Vecinal de Robles de Laciana que terminó con un decreto de paralización municipal.
Guillermo Murias declaraba que era “una falta total de respeto y un atrevimiento porque independientemente de que argumenten la autorización de la Junta, no tiene la licencia municipal y en tanto en cuanto no la tengan ahí no van a trabajar, el Ayuntamiento no lo va a permitir”.
José Méndez, pedáneo de Robles de Laciana decía el 10 de octubre -ya iniciado el encierro en el pozo María y de cara a las nuevas manifestaciones- que “Laciana está harta de tanta injusticia y está empezando a despertar”.
El modelo de minería a cielo abierto no solo amenazaba con destruir los paisajes y ecosistemas locales, sino que también representaba un riesgo para la flora, fauna y las fuentes de agua. Precisamente el deterioro ambiental suponía tácitamente abandonar el desarrollo de otras actividades económicas sostenibles para la zona.
Y es que en ese mismo mes, varios barrenistas aseguraban que su sueldo era “mucho más bajo del que dice MSP”. La dirección de la empresa reconocía consecuentemente que el origen del conflicto con los barrenistas, era principalmente el “deslizamiento salarial sobrevenido como consecuencia de la distancia de posteo”. Este hecho provocó las manifestaciones en Villablino durante el mes de febrero y el encierro en la Oficina de Trabajo de la Junta de cinco barrenistas. En las manifestaciones llegaron incluso los antidisturbios al casco urbano de Villablino, cargando durante contra los mineros.
Todo esto sirvió como caldo de cultivo para culminar con uno de los encierros más largos hasta la fecha; 65 días en el Pozo María. Y con una manifestación que aglutinó a cerca de quince mil personas, pidiendo entre otras cuestiones una salida al conflicto de MSP. “Por el futuro de la comarca, por el empleo” se podía leer en alguna pancarta de ese 15 de octubre de 1999.
El recorrido de la manifestación se inició a las 12:00h de la mañana en la Avenida Constitución de Villablino, atendiendo a la llamada de CCOO, UGT y USO. El trayecto se realizó por las principales calles de la villa, “con un sorprendente silencio sin corearse ninguna frase o gritos durante el recorrido“. El presidente del comité de empresa, por aquel entonces era Alberto González, y reunidas ya todas las personas en la estación ferrocarril, justo delante de las oficinas centrales de la Minero Siderúrgica de Ponferrada, se dirigió a todos los asistentes agradeciendo la presencia, aludiendo el éxito de la convocatoria, y demostrando “el cabreo de la población” y el recuerdo a los cinco mineros encerrados en el pozo María, así como a los ocho trabajadores que desde el pasado jueves mantienen otra acción de protesta paralela en el exterior del edificio de la Junta de Castilla y León.
La manifestación, además fue seguida por todos los negocios y comercios de la comarca, que no abrieron sus puertas en apoyo a los mineros. También se unieron a esta paralización los colegios y centros educativos, por lo que la actividad del valle quedó eminentemente supedita a la gran manifestación. También se extendió a los Ayuntamientos limítrofes, de tal forma que la totalidad de los comercios en los municipios de Cabrillanes y Palacios del Sil cerraron sus puertas, sumándose a la convocatoria. Podía palparse en el ambiente la ilustre frase: “cumplimos con nuestras obligaciones y por tanto exigimos nuestros derechos”. De todos modos, los anuncios de reestructuración en el sector minero en el contexto de la reducción del carbón que venía aplicándose en toda Europa, debido a la creciente transición hacia otras fuentes de energía, eran completamente ensordecedores, sonaba en todas las conversaciones.
Para evitar un colapso económico y social se fueron diseñando ayudas para amortiguar el impacto de la reconversión y facilitar la reducción de empleos en la minería mediante jubilaciones anticipadas, y planes de reubicación de trabajadores, así como la financiación en la adaptación tecnológica y la rehabilitación ambiental en las zonas afectadas por la actividad minera. Sin embargo, el uso de estos fondos no solo es que haya generado controversias, sino que no fueron aplicados correctamente en las zonas afectadas, no hubo un seguimiento y perseverancia en asegurar una transición económica sostenible para las cuencas mineras.
“MSP recibía ingentes cantidades de dinero público, como para seguir siendo privada” aseguraban algunos mineros, entre ellos: Félix Trabadela, trabajador del grupo Lumajo, César Ruben García, delegado de C.C.O.O, Ricardo Valderrey, delegado de U.G.T, Alfredo Dopacio, delegado de C.C.O.O y Jose Manuel Montes Collar, delegado de C.C.O.O.
Cinco mineros encerrados en la 7ª planta del pozo María durante 65 días, desde el 1 de octubre, hasta el 4 de diciembre de 1999, exigían “derechos, dignidad, respeto y un futuro para el valle”. Junto a la multitudinaria manifestación realizada en la comarca, se sumaba este encierro exigiendo una solución inmediata que pasaba por la necesidad de que “la Administración gestione junto con los trabajadores el destino de las subvenciones millonarias que se dan a dicha empresa“. Pese al frío, la humedad, la incertidumbre de no conocer los acontecimientos en el exterior y estar lejos de la familia, nunca cejaron en el movimiento. Al contrario, tenían intacta la conciencia y las ganas de avanzar en derechos. Llegaron a componer una canción que decía “que se acuerden de aquellos mozos que allá en María no ven la luz del cielo en todo el día”.
El comité de empresa recordaba en la manifestación que “el objetivo de Alonso es cerrar el pozo María el próximo año”, es decir en el 2000, y seguían argumentando que “en este pozo se han invertido más de 3.000 millones de pesetas procedentes de la Junta de Castilla y León con el fin de modernizar las instalaciones”. Lamentaban precisamente tanta inversión en la empresa para que literalmente quedara en agua de borrajas.
Todas, y cada una de las movilizaciones realizadas en Laciana durante 1999, tuvieron un papel significativo en la provincia de León. En ese año, la comunidad se organizó para demandar una gestión pública de la empresa. Su gestión privada no estaba dando frutos a la región y los problemas económicos seguían latentes. Las protestas incluyeron cortes de carreteras, marchas y acciones de presión (como la quema de la cabana de Vitorino). Las movilizaciones de ese año se han convertido en una de las luchas más emblemáticas del movimiento minero.
Finalizado casi el año, se fue desechando la idea de la nacionalización, pero el movimiento ayudó a un compromiso firme de controlar exhaustivamente las ayudas que la empresa M.S.P recibía todos los años, que el grupo de María no se cerrara hasta 2002, que el sector minero a cielo abierto Feixolin del grupo Paulina quedara paralizado desde la nueva normalidad, y por último la actualización del convenio colectivo, con mínimo aumento salarial.
La reivindicación de nacionalizar la M.S.P no prosperó por algunas voces que decía “perderse en utopías”. Tal vez es eso lo que nos salva. Las utopías son las que nos impulsan al progreso, la utopía nos invita a imaginar un mundo mejor y a trabajar incansablemente por él. Aunque se le diera la connotación de algo imposible, el verdadero valor de una utopía reside en su poder de inspirarnos, de darnos un propósito y sentido en cada paso que damos hacia ella.
Perseguir la utopía no significa desconectar de la realidad, sino comprometerse con ella.
La foto titulada “Avenida de la Constitución en 1999 repleto de personas manifestadas por el futuro de la minería y del empleo” es de la Avenida Laciana.