El PP de Laciana ha emitido un comunicado este miércoles en el que pide, “siempre respetando la presunción de inocencia”, la dimisión del alcalde de Villablino, Mario Rivas, en base, según argumenta la agrupación local, a la adquisición de fincas en la braña de San Miguel, por parte del regidor, a la extinta empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada -MSP-, durante el proceso de liquidación de Coto Minero Cantábrico, “obviando la moción aprobada en el Ayuntamiento y que él mismo apoyó”. La moción a la que se refiere el PP local se debatió en Pleno en octubre de 2016 a petición de Izquierda Unida de Laciana y obtuvo la abstención del grupo político de Laciana Avanza y el apoyo del resto de partidos.
El acuerdo contemplaba que el Ayuntamiento de Villablino colaborase con las Juntas Vecinales del municipio en la recuperación de los terrenos afectados por las ocupaciones de montes de las que disponía MSP -actualmente Coto Minero Cantábrico-, reclamar a los administradores concursales de CMC la recuperación de terrenos afectados por las ocupaciones en los Montes de Utilidad Pública propiedad del Ayuntamiento, exigir a los administradores concursales de CMC la devolución de terrenos recogidos en el convenio firmado con la representación de la comunidad de vecinos de San Miguel, reclamar la colaboración de la Junta de Castilla y León para esclarecer la situación legal de todas estas ocupaciones de Monte de Utilidad Pública y requerir a los administradores concursales la paralización de cualquier procedimiento de adjudicación, venta, alquiler, usufructo o cesión que afecte a dichos terrenos.
El PP de Laciana considera que, una vez aprobado el texto de esta moción en pleno de 2016, siendo ya Mario Rivas alcalde de Villablino, “el regidor no actuó de una forma muy ética con la adquisición de las fincas a CMC en la braña de San Miguel. Por eso le hemos transmitido a nuestros concejales que soliciten, de forma legal, la dimisión de Rivas como alcalde de Villablino”, dice el comunicado en el que el Partido Popular recuerda también que en el pleno celebrado, a requerimiento de la oposición, en noviembre de 2021, “dejamos en el aire la petición de dimisión, pues las noticias que aparecían publicadas eran sobre presuntas actuaciones de su familia”.
Cabe recordar también, como germen de la polémica, que la antigua MSP habría llegado, en el año 1995, a un acuerdo con la comunidad de vecinos de San Miguel, representada por cinco personas del pueblo, de ocupación de diversos terrenos del Monte de Utilidad Pública 278 para la instalación de bocaminas, accesos, tendido eléctrico y para habilitar una pista desde el grupo Calderón a la braña de San Miguel. Dicho convenio establecía la devolución a la comunidad de vecinos de San Miguel de todas las fincas al terminar las explotaciones mineras.
Y es aquí donde el alcalde de Villablino, Mario Rivas, ha querido hacer varias puntualizaciones. La primera de ellas en base a la sesión plenaria de octubre 2016. El regidor sostiene que, durante el debate de la moción presentada por IU ya se advierte, incluso por parte de la agrupación -Laciana Avanza-, que el acuerdo o pacto alcanzado para las ocupaciones del Monte de Utilidad Pública, entre la extinta MSP y la comunidad de vecinos de San Miguel “no es legal, es nulo de pleno derecho porque esa comunidad vecinal no está reconocida legalmente”.
Una cuestión, insiste el primer edil, “que ya se había debatido con los grupos políticos de forma individual, también con el portavoz del grupo proponente de Izquierda Unida” y ya había sido trasladada, en su día, a los propios administradores concursales de Coto Minero Cantábrico, quienes, tal y como afirma Rivas, “no reconocen esos acuerdos como tal, ya que son con una comunidad de vecinos y no con el Ayuntamiento. No daban validez a los acuerdos emitidos con esa comunidad de vecinos, que no tenía ninguna base legal”.
Afirmación la del alcalde que fue respaldada, entonces y actualmente, por el departamento de Secretaría del Ayuntamiento de Villablino que emite un informe jurídico en el que insiste en que el acuerdo entre la MSP y la comunidad vecinal de San Miguel es nulo de pleno derecho. En términos generales dice que “ha de concluirse que los posibles derechos y obligaciones dimanantes de aquellos pactos no vinculan ni afectan al Ayuntamiento, ni ahora ni en el momento de la firma, por tratarse de una entidad por completo ajena a la organización municipal”. Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico administrativo, sostiene el mismo informe, “constituye una vía de hecho, carente de todo procedimiento y que incurre en nulidad de pleno derecho”.
El informe cita además que San Miguel de Laciana, al menos desde el año 1957, se extinguió como entidad local menor, y por tanto “esa representación legal de la comunidad de vecinos en modo alguno puede equipararse a una pedanía o Junta Vecinal, de manera que no tienen validez ni eficacia jurídica las autorizaciones del Monte de Utilidad Pública”.
Aún así, la moción planteada por Izquierda Unida se aprobó, con la abstención de Laciana Avanza, porque el texto tocaba otros puntos. “Se dio el visto bueno al contexto completo del escrito, especialmente en lo que vincula a la ocupación de Montes de Utilidad Pública de las Juntas Vecinales”, concluye Mario Rivas.
Pues ya era hora que publicarais algo, porque es de vergüenza que en meses, una web de noticias de Villablino no publique nada sobre lo más importante que está pasando. habría intereses, supongo, igual que ahora los hay para que lo publiquéis.
Señor Alcalde. Yo creo en su inocencia, ya que en política como dicen vale todo, para mi no lo legal es legal, y creo que usted actuó con toda la honradez del mundo, lo que pasa es que como hay elecciones Autonómicas y el año que viene elecciones municipales estos presuntamente piensan sacar redito de ese problema, así que usted hacia a delante, yo creo que fue el mejor Alcalde que tubo Laciana en muchos años, Un saludo. Señor Rivas.