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El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, reclamó hoy en Valladolid “luces largas” del Estado para avanzar en la transición energética y así poder cumplir los objetivos marcados para los próximos cuatro años (2019-2022) de aumentar la potencia instalada de energía eólica de 5.600 a 7.600 megavatios y la fotovoltaica, de 500 a 2.500 megavatios. Un incremento que, además, obligará a duplicar la capacidad de la red de transporte para que esas nuevas instalaciones puedan evacuar con garantías la energía que produzcan.
Durante la clausura de la jornada ‘Redes eléctrica en Castilla y León: La clave para la transición ecológica’, organizada por el Club de Prensa El Mundo-Diario de Castilla y León y patrocinada por UFD (Unión Fenosa Distribución) del Grupo Naturgy, Martín Tobalina también demandó coordinación entre las administraciones para generar actividad y empleo durante la transición energética.
No en vano, reconoció que el sector energético es “fundamental” para la competitividad de las industrias y las empresas de la Comunidad. Y es que aseguró que es un sector que requiere de mucha inversión y, por tanto, de la coordinación entre las autonomías y el Estado. En ese sentido, el viceconsejero se mostró esperanzado en que el próximo Gobierno, que salga de las elecciones generales del 10 de noviembre, sea capaz de reforzar esa colaboración.
Carlos Martín Tobalina apostó por las “luces largas”, con una estrategia y una política económica e industrial del Estado, al recordar los “cadáveres” de empresas que han quedado por el camino en el sector energético vinculado a las renovables en los últimos años. “Hubo un mal diseño del mercado y de la política retributiva. Se crearon expectativas que luego no fueron tales y generó cierres de empresas, desde Made, Gamesa o Vestas”, explicó. El viceconsejero recordó que eran industrias que funcionaron hace diez años y que luego cesaron su actividad, lo que supuso la destrucción de 10.000 empleos, por motivos regulatorios. “De las altas expectativas en las retribuciones en el mix energético hemos pasado a las subastas actuales en concurrencia competitiva”, precisó.
También se refirió a las redes eléctricas de distribución, con importantes inversiones en Castilla y León que rondarán los 200 millones de euros entre 2019 y 2022 y la creación de 3.000 puestos que serán temporales. “Hay que aprovechar el marco de la UE para España para generar actividad en la cadena de valor y en las industrias para que sean empleos permanentes y a largo plazo”, significó.
Martín Tobalina destacó, según recogió Ical, el papel clave que debe jugar Castilla y León para cumplir los objetivos marcados por el Gobierno central y la Unión Europea tanto en la generación de energía a través de las renovables como en su consumo. Señaló que los 5.600 megavatios instalados en la eólica suponen el 25 por ciento del total nacional, por lo que «sin la aportación de Castilla y León sería imposible llegar a las cifras marcadas».
Pese al título de la jornada, el viceconsejero de Economía y Competitividad prefirió hablar de transición energética. “Hablar de transición ecológica es un buenismo, aunque no significa negar que hay un cambio climático. Pero de ahí a darle rango de Ministerio hay una diferencia”, sentenció.
El director de UFD, Raúl Suárez, aseguró que las redes de distribución de electricidad tendrán un papel “muy relevante” en el futuro. Recordó que, en la actualidad, Castilla y León cuenta con una red de 15.000 kilómetros, que suponen más que la suma de todos los kilómetros de autovías y autopistas existentes en España. Una red que permite que la energía llegue a casi un millón de habitantes de la Comunidad.
UFD reclama una «rentabilidad justa»
Suárez señaló que la inversión de Unión Fenosa Distribución en la región entre 2016 y 2018 ha supuesto 190 millones de euros, aunque la cantidad aumentará hasta los 200 millones entre 2019 y 2022, por la necesidad de mejorar la digitalización de la red. En este sentido, el responsable de la compañía reclamó una “rentabilidad justa” para llevar a cabo todas estas inversiones y coordinación entre administraciones para llevar “a buen puerto” la transición energética.
Una transición que, reconoció, pasa por la integración de las energías renovables en la red y por implicar al usuario final, con el aumento de los puntos de autoconsumo. Además, aseguró que si el deseo es que el nuevo mapa sea una realidad en 2030 hay que empezar a trabajar hoy. “Ahora se abre un periodo de seis años y no podemos estar paralizados porque las redes deben ir un poco por delante cuando lleguen las renovables y el autoconsumo y así evitar congestiones”, incidió. Además, hizo referencia a las necesarias pruebas para comprobar el funcionamiento de las redes, primero en ámbitos reducidos y luego, más grandes.
Puso el ejemplo del ‘boom’ que puede suponer la carga de vehículos eléctricos. “El vehículo eléctrico no significará un problema en términos de energía porque la red podría afrontar, sin problemas, los cinco millones de este tipo de coches. Solo habrá que tecnificar la red para evitar congestiones en un punto determinado y recurrir a la recarga inteligente para que no todos los vehículos se carguen a la vez”, manifestó.
En este sentido, expuso que España y Castilla y León parten de un buen posicionamiento, como lo demuestra que más del 99 por ciento de los contadores son digitales, que a la postre son la “pieza angular” de una red inteligente. Eso sí, advirtió que si no se adoptan las decisiones adecuadas el sector estará condenado los próximos ejercicios y “perderemos toda la ventaja acumulada”.
En presencia de la directora de la zona centro de Naturgy, Mónica Puente, el responsable de UFD aseguró que toda esta inversión será “capilar” y llegará a la “última milla” y los pueblos de la Comunidad. Una red que, incidió, deberá ser inteligente, distribuida y autónoma. No en vano, declaró que la plataforma actual está pensada para un flujo constante de electricidad y la futura será dinámica, con picos variables durante muchas horas.
La jornada también contó con la participación del presidente de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl), Javier Gracia, que ahondó en la necesidad de contar con una “excelente” relación entre administraciones para implantar la transición energética, además de un esfuerzo inversor. Y es que señaló que los problemas existentes a nivel nacional para cumplir los objetivos de las subastas de las renovables son por la falta de coordinación.
Agilizar las licencias
Además, reiteró la necesidad de que las administraciones tramiten, “en tiempo y forma”, las licencias de los parques eólicos, presentadas por los promotores. Por último, se mostró esperanzado que en la ecotasa establecida por la Junta desaparezca en Castilla y León para captar a más empresas y reclamó las “mismas reglas de juego” para todas las tecnologías.
El senior manager de Deloitte, Joaquín Chico, aseguró que las redes eléctricas de distribución tendrán un “rol fundamental”, lo que se traduce en una inversión de 40.000 millones de euros en toda España en los próximos años. Apostó por facilitar incentivos al sector para que las renovables puedan verter su energía a la red pero también al señalar su “efecto tractor” sobre la industria, que será la encargada de fabricar los nuevos equipos. Para ello, demandó que las empresas evolucionen en investigación y desarrollo (I+D) y aprovechar la transición energética para ser más competitivos.
